La Procuraduría remitió oficios alertando el riesgo de continuidad en 35 entidades territoriales, debido a que a la fecha se encuentran con contratos vencidos o próximos a vencerse, situación que además de afectar la continuidad del servicio en estas, pone en riesgo el derecho a la alimentación de más de 652.964 niños, niñas y adolescentes.
Las entidades que se encuentran en esta situación son Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago ya que finalizaron contrato en el mes de marzo. Similar situación sucede con Amazonas, Bello, La Estrella, Soledad, Cartagena, Duitama, Florencia, Cauca, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Ibagué, Cali y Valle del Cauca en donde algunos contratos ya finalizaron y a otros están a punto de terminar en este mes de abril.
A la crítica situación de incertidumbre en la continuidad del PAE se suman también los municipios y departamentos de Itagüí, Bolívar, Boyacá, Casanare, Funza, Girardot, Mosquera, Magdalena, Nariño, Putumayo y Vichada en donde los contratos finalizan en el mes de mayo.
Estas estadísticas se originan de informes hechos por funcionarios de las mismas Entidades Territoriales Certificadas y no certificadas, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- UAPA-, procuradurías y personerías que aportan datos recopilados en visitas y trabajos de campo.
Ante el preocupante panorama, el despacho de la procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y/o avance de los nuevos procesos contractuales recomendando que los contratos que se suscriban garanticen la prestación del servicio por lo que resta del calendario escolar para evitar riesgos de continuidad.
Asimismo, el ente de control requirió a las entidades las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales, en los casos en los que los contratos finalizaron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente.
La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
