Creación de 128 cargos, algunos de los cuales no se sacaron a concurso, nombramientos durante Ley de Garantías y con conflicto de intereses, contratos de pavimentación no pavimentados y equipos de cómputo reseteados para impedir la trazabilidad de la información, son algunos de los hallazgos ocurridos durante la anterior administración, presentados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, después de una investigación interna.
En general, la información técnica y financiera de la reestructuración, que fue la que permitió crear los 128 cargos nuevos, dicen desde el Área Metropolitana, es insuficiente. La entidad agrega que en programas como EnCicla, quedó incluido el equipo de transporte público colectivo, por lo tanto no se cumplió con la finalidad de reforzar los procesos misionales importantes al interior de la entidad en los cuales fue sustentada la misma.
Además, la directora de la entidad, Paula Andrea Palacio Salazar, anuncia hallazgos en convenios interadministrativos con la Secretaría de la NoViolencia del Distrito de Medellín, liderada por Juan Carlos Upegui, por $1.500 millones, para los cuales se presentaron soportes insuficientes sobre la ejecución. Lo mismo con otras gestiones del plan Futuro Sostenible que incluye construcción de kilómetros de vías públicas, que en papeles están en un 100% pero en la realidad, según el informe de la entidad, solo corresponde al 35.44%.
Entre los puntos que más llama la atención, está la entrega de equipos de cómputo formateados de la Dirección General y Contratación, por lo que se preguntan “¿Qué querían borrar?”, además de una supuesta inatención a la gestión documental, “Con más de mil trámites vencidos que ponen en riesgo jurídico a la entidad”
“Adicionalmente, estamos colaborando con las investigaciones que vienen adelantando los organismos de control y entidades competentes frente a otros tantos hechos que han sido denunciados con anterioridad; contrato Bomberos de Itagüí, contratos con RÍA y Reforestadora Líbano. Así mismo nuestra Entidad se ha constituido como víctima en los procesos penales en aquellos casos que ha resultado afectada”, puntualiza el informe
