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Durante los 213 años que tiene de constituido nuestro país han sido miles las marchas populares que la historia ha registrado: a veces porque sí, a veces porque no, y a veces por si las moscas. Lo cierto del caso, después de más de 2 siglos de estarlas viviendo, serviría preguntarnos ¿para qué sirven las marchas?

Sin lugar a dudas, expresiones populares como las del 7 de junio de 2023 en favor del Gobierno Petro; la del 20 de junio de 2023 en contra de Petro; la del pasado 21 de abril de 2024 también en contra de Petro, o la de este 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo, dejan entrever un sinnúmero de inconformidades, peticiones, reclamos, sugerencias, apoyos, y uno que otro madrazo, de parte de los ciudadanos, casi siempre, hacia sus Gobernantes.

Otro de los aspectos que permite las marchas es medir las fuerzas políticas y de poder, tal y como lo vimos en la del pasado 21 de abril, donde a pesar de los millones de colombianos que salieron a las calles a ondear banderas y a lanzar arengas contra el Gobierno y sus reformas, horas después se vio al Presidente Petro bajándoles la caña, diciendo que habían sido débiles, y casi que retando al pueblo al insinuar que en las del 1 de mayo serán más masivas; me hace acordar de la frase aquella del colegio: “tranquilo que a la salida nos vemos (…)”

No menos importante, las marchas también permiten medir el nivel de cultura ciudadana, organización, respeto y comportamiento público que deberíamos tener como seres civilizados; pues mientras en unas hemos visto que acaban hasta con el nido de la perra, en otras por el contrario no se ha registrado ni un vidrio quebrado, ni una pared rallada, ni mucho “ojos sacados” como constantemente lo mencionan el Presidente y sus simpatizantes.

De acuerdo a nuestra Constitución Política, el derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el Artículo 37, que reza que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la Ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Lo anterior significa que, a pesar de ser un derecho ciudadano, este tendrá que ajustarse a las normas, a la organización y a los permisos que sean del caso; aunque en muchas ocasiones no se cumple, y a la hora de la verdad, o cuando las cosas se salen de las manos, nadie sale a dar la cara o a responsabilizarse de los desmanes o efectos colaterales.

Aún así, y a pesar de que son muchos los sectores que se aprovechan y manipulan este sagrado derecho constitucional, en casi todos los casos, los Gobiernos han respetado la expresión popular en las calles, redes sociales o medios de comunicación, aunque al final del día muchos de los propósitos que se tienen con las marchas se queden en utopías o deseos colectivos.

 

Por: Oscar Morales Orozco

Director: Actualidad Oriente y Actualidad Política

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