31 de octubre es una fecha clave para destrabar una decisión que mantiene en vilo $160.000 millones destinados a ocho obras viales estratégicas para la región. Alcaldes y representantes del sector empresarial advierten que el tiempo se agota y piden al Gobierno Nacional una salida jurídica que permita ejecutar los recursos.
La incertidumbre surgió tras la terminación del contrato de concesión de Devimed, el pasado 31 de julio. Aunque el dinero, proveniente de excedentes del recaudo de peajes, permanece en una fiducia, aún no hay claridad sobre el mecanismo que permitirá destinarlo a las intervenciones previstas.
Frente a este panorama, los alcaldes Hugo Jiménez, de El Carmen de Viboral; Ilbed Santa, de La Ceja; Julio Serna, de Marinilla; Mauricio Grisales, de Guarne, y Nelson Henao, de San Vicente, junto con Javier Valencia, de Cornare, y Jaime García, de Masbosques, se unieron al llamado para que el presidente Abelardo de la Espriella, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acuerden una alternativa que permita a Devimed ejecutar las obras durante el proceso de reversión contractual.
La preocupación es que, si no se concreta un acuerdo antes del 31 de octubre, los $160.000 millones podrían salir de la ruta prevista para las obras del Oriente antioqueño y entrar a una bolsa nacional desde la cual podrían financiar proyectos de infraestructura en otras regiones del país. Esto pondría en incertidumbre ocho intervenciones prioritarias para la subregión y abriría la puerta a nuevos trámites, sin garantías sobre cuándo podrían ejecutarse.
Las ocho intervenciones contemplan los retornos de La Mosquita, San José y San Vicente; el paso peatonal de San Antonio; el puente peatonal El Cordobés; los intercambios viales de la Clínica Somer y Puerta a Embalses, y el mejoramiento de La Cucharita. Son obras consideradas fundamentales para la movilidad, la seguridad vial y la competitividad del Oriente antioqueño.
La región no está pidiendo nuevos recursos, sino una decisión que permita utilizar los que ya existen. El llamado de los mandatarios y el sector empresarial es a resolver las diferencias jurídicas antes del 31 de octubre, evitar que el dinero termine financiando proyectos en otros territorios y abrir el camino para que las obras puedan ejecutarse en 2027.
