Ante las movilizaciones de Cocorná y Sonsón, en contra de los proyectos de Pequeñas Centrales Hidroelectricas, la autoridad ambiental Cornare, responde como ha sido el proceso de licencia ambiental.
Oladier Ramírez Gómez, Secretario General de Cornare, manifiesta que, a pesar del rechazo social por este tipo de proyectos, el archivo de varias solicitudes y la expedición de lineamientos por parte de la Entidad, que han hecho más exigentes los procesos de licenciamiento ambiental, siguen llegando solicitudes para el establecimiento de PCH en el territorio.
Aclara que Cornare no promueve ni participa en el desarrollo de los mismos y que las solicitudes están llegando tanto del sector privado como del público.
Este tipo de proyectos se debe a la expedición de dos leyes: la 1715 y la 209, que ofrecen incentivos tributarios que hacen rentable la construcción, incluyendo exención del IVA, exoneración de pago de renta y arancele por la importación de los equipos que se utilizarán en el proyecto.
Todo porque las PCH se consideran generación de energía no convencional con impacto en la mitigación de la generación de gases efecto invernadero.
Afirma el funcionario que hay estimaciones de que este tipo de solicitudes seguirán llegando a la Corporación, aún más ahora con la promoción del hidrógeno verde que se produce a través de estas fuentes y que se proyecta como una muy fuerte alternativa para la transición energética.
La norma busca resolver una problemática global de cambio climático, pero traslada efectos negativos a los territorios con las condiciones propicias para su desarrollo, en el caso del Oriente Antioqueño, las cuencas hidrográficas del Samaná Norte y Samaná Sur, son las más demandadas para establecer PCH dadas las condiciones de alta
Cornare ha hecho más exigente los procesos de licenciamiento ambiental, ha diseñado una metodología única en el país que permite establecer límites de soporte y carga para el asentamiento de estos proyectos, se trata del Índice de Sostenibilidad Integrado el cual se explica aquí:
Además, se viene promoviendo y aplicando el Acuerdo de Escazú, a pesar de que aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República, con el que se hace público el acceso a la información de las solicitudes de licenciamiento ambiental y de los estudios de impacto ambiental para que las comunidades conozcan de primera mano los impactos ambientales, sociales y económicos que introducirá el proyecto en el área de influencia, así como las medidas de manejo que propone para mitigar, corregir, prevenir y compensar esos impactos. Esto permite a la comunidad formular aportes adicionales y controvertir la información presentada para que esta Autoridad los tenga en cuenta en la toma de decisiones.
También se vienen promoviendo los espacios de participación ciudadana, convocando a las personas para que constituyan como terceros interesados dentro del trámite, promoviendo las audiencias públicas ambientales, entre otros. Adicionalmente, se han facilitado escenarios de acceso a la justicia con apoyo del Ministerio Público en la participación de acciones populares y avanzando en el establecimiento de acciones para promover la defensa de los líderes ambientales de la región.
