La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, pidió al presidente Abelardo de la Espriella revisar las reglas sobre la c y el aprovisionamiento personal de drogas, al considerar que el actual marco legal deja limitaciones a los municipios para actuar frente al microtráfico que llega a barrios, parques y espacios donde permanecen niños, niñas y jóvenes.
El llamado surge en medio de la preocupación de las autoridades locales por el crecimiento de situaciones asociadas al consumo y la comercialización de drogas en espacios públicos y zonas residenciales. La alcaldesa sostuvo que los alcaldes necesitan herramientas jurídicas más claras para diferenciar al consumidor de quienes estarían utilizando estas figuras para mantener un negocio de distribución.
La mandataria señaló que conversó sobre este tema con el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y que ambos coincidieron en la necesidad de buscar medidas que permitan responder con mayor contundencia a una problemática que enfrentan de manera cotidiana los municipios.
Para Santa, la discusión no debería centrarse únicamente en endurecer las medidas. Su propuesta plantea una respuesta diferenciada: atención, prevención y oportunidades para quienes tienen problemas de consumo, mientras que la acción de la justicia debe concentrarse en quienes venden, distribuyen o utilizan las figuras legales existentes como una forma de encubrir actividades de microtráfico.
“Necesitamos reglas más claras y herramientas que nos permitan actuar frente a quienes están haciendo negocio con las drogas”, es el sentido del llamado de la alcaldesa, quien considera que las decisiones nacionales deben tener en cuenta las situaciones que enfrentan las autoridades en los territorios.
La discusión adquiere especial relevancia en municipios como La Ceja y Rionegro, donde la presencia de drogas en entornos residenciales y espacios públicos se ha convertido en un asunto recurrente para las autoridades de seguridad.
Desde La Ceja, la alcaldesa insistió en que la protección de las familias y de los espacios donde crecen los jóvenes requiere una revisión de las herramientas legales disponibles, con una política que atienda al consumidor, pero que cierre el margen de maniobra a quienes convierten el tráfico de drogas en un negocio.
