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Los hechos que llevaron a la suspensión del servicio de salud entre mayo y julio de 2028, le valieron a Plinio Rafael Recuero Bonett, la suspención e inhabilidad por 10 años, y una sanción de la Procuraduría General de la Nación.

Según el ente de control, el entonces gerente incumplió con sus funciones atentando gravemente contra la salud pública del municipio. Un omisión injustificada a la autoevaluación del hospital, llevó a que el San Julián fuera retirado del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y la posterior suspensión de actividades.

En el fallo el ente explica que además, fue necesario incurrir en gastos adicionales para la rehabilitación del hospital y una afectación de las transferencias de recursos de la nación a la entidad de salud.

Esos hechos fueron calificados como falta gravísima y de afectar los principios de eficacia, economía y celeridad del Hospital.